Vivienda
Burón defiende en Cabueñes una política de vivienda intervencionista y penalizar la especulación
El experto en políticas de vivienda planteó en Gijón que España elija entre un modelo liberal y uno intervencionista. Propone vivienda pública, incentivos para abaratar el alquiler y castigo al rentismo.
F.J. Craus 3 min de lectura
Javier Burón, experto en políticas de vivienda y autor del libro «El problema de la vivienda: Cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España», sostuvo que el país tiene que elegir entre una política de vivienda liberal y otra intervencionista, y se declaró partidario de la segunda. Lo dijo la mañana del domingo 11 de octubre en los Encuentros de Cabueñes, en Gijón, según informó RTPA ese mismo día.
Lo que propone
Según la información de la radiotelevisión pública, las medidas que defendió Burón son estas:
- construir vivienda pública y también en régimen de colaboración público-privada;
- incentivos para que la vivienda que ya existe resulte asequible;
- penalizaciones al rentismo y a la especulación;
- medidas urgentes para garantizar el acceso a la vivienda de las personas con ingresos bajos y de la gente joven.
Burón añadió, siempre según RTPA, que ese giro no depende solo de la «voluntad política», sino de que «la ciudadanía lance un mandato claro en las urnas». La pieza enmarca su intervención en un clima de malestar social que, dice el medio público, encontró en el llamado «caso Maricarmen» la gota que colmó el vaso después de años de descontento. RTPA no explica ese caso en la información, ni recoge cifras, ni identifica al resto de participantes en la mesa, ni detalla el programa de los Encuentros. Tampoco consta valoración alguna de responsables públicos asturianos sobre lo que allí se dijo.
La mirada de La Traza
Que un experto diga en voz alta que hay que elegir es lo más útil de toda la mañana. Llevamos una década tratando el precio de la vivienda como si fuera el tiempo atmosférico: algo que pasa, que nadie decide y que solo se puede comentar. No lo es. Que un piso en Oviedo o en Gijón sea un activo financiero o un sitio donde vivir es el resultado de decisiones concretas —fiscales, urbanísticas, registrales— y cada una de ellas tiene nombre y firma.
Compartimos el diagnóstico y vamos un paso más allá en lo concreto, porque es donde se pierden todos los debates: declarar zonas de mercado residencial tensionado donde el alquiler se ha desbocado, poner límites al uso turístico de la vivienda en los cascos históricos, y alquiler público a escala, no a goteo de cuarenta llaves por legislatura. El resto es gestión del aplauso.
Hay una parte de su planteamiento que merece reparo: delegar el cambio en un «mandato claro en las urnas» es cómodo para quien ya gobierna. El derecho a una vivienda digna está en el artículo 47 de la Constitución desde 1978 y no necesita refrendo cada cuatro años para ser exigible. Mientras se espera el mandato, hay gente durmiendo en una tienda de campaña en la Escandalera. Esa es la urgencia, y no admite aplazamiento electoral.
Texto elaborado con asistencia de inteligencia artificial.