Opinión
Ojo con la democracia: las líneas que no deberíamos dejar que se normalicen nunca
Patrullas de partido en Valencia, violencia privada en los desalojos y discursos de odio tras la crisis de Ceuta. Las democracias no se pierden en un día: se debilitan cuando la sociedad empieza a ver normal lo que antes le parecía inaceptable.
Alfonso Estébanez 6 min de lectura
Hay cosas que empiezan pareciendo anecdóticas y que, cuando uno levanta la vista, empiezan a dibujar un paisaje bastante más preocupante.
En España estamos viendo una normalización progresiva de determinados discursos y formas de actuación de la extrema derecha que deberían preocuparnos mucho más allá de las diferencias políticas habituales. No hablo de que exista una derecha más o menos conservadora, ni de que determinadas fuerzas políticas defiendan posiciones que puedan gustarnos más o menos. Hablo de otra cosa: de la legitimación de la intimidación, de la violencia política, de la persecución del diferente y de la idea de que determinadas personas pueden tomarse la justicia por su mano.
Patrullas con carné de partido
En Valencia hemos visto recientemente un ejemplo especialmente inquietante. Los llamados «Ángeles de la noche», vinculados a España 2000, se presentan como grupos organizados que patrullan determinados barrios con el argumento de combatir la inseguridad. Su propia dirección reconoce que buena parte de sus integrantes pertenecen al partido y que las patrullas se concentran especialmente en zonas con población inmigrante.
El problema no es que unos vecinos quieran colaborar con la seguridad de su barrio. El problema aparece cuando grupos políticos organizados empiezan a asumir funciones que corresponden exclusivamente a las instituciones democráticas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una democracia no funciona porque cada ciudadano decida quién es sospechoso, quién merece ser vigilado o quién debe ser expulsado de un espacio público. Funciona precisamente porque existe una ley común y porque el uso legítimo de la fuerza está sometido al Estado de derecho.
Y ahí está una de las claves.
Porque la violencia política rara vez aparece de golpe. Antes suele existir un proceso de deshumanización. Se empieza señalando al inmigrante como delincuente, al adversario político como enemigo, al periodista como traidor, al sindicalista como obstáculo o al vecino como alguien que no merece estar allí. Después llega la intimidación. Y, cuando la sociedad se acostumbra a ella, algunos entienden que dar un paso más tampoco es tan grave.
Cuando la violencia privada se vende como eficacia
El fenómeno no se limita a las patrullas de Valencia.
El caso de Desokupa también merece ser observado con atención, aunque no sea correcto identificar automáticamente una empresa de desocupación con una organización política de extrema derecha. Ha habido actuaciones y episodios violentos protagonizados por empresas de este sector que han terminado con agresiones, amenazas y actuaciones judiciales. En septiembre de 2025, la Fiscalía de Valencia llevó ante el juzgado a Daniel Esteve por presuntos delitos de odio, discriminación y contra la integridad moral, a raíz de mensajes dirigidos contra personas migrantes. Y en agosto de 2026, varios medios —entre ellos elDiario.es— informaron de nuevos episodios violentos protagonizados por trabajadores de una empresa de desocupación en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, con vecinos heridos y detenciones previas de empleados y del propio dueño de la empresa.
Lo importante no es colocar una etiqueta política a cada individuo. Lo importante es preguntarnos qué ocurre cuando la violencia privada empieza a presentarse como una alternativa eficaz frente a una justicia que se considera demasiado lenta, frente a una policía que se considera demasiado garantista o frente a unas instituciones que se consideran incapaces de resolver los problemas.
Eso sí es peligroso.
Y después está Ceuta
La crisis migratoria de este verano ha demostrado hasta qué punto un problema real puede convertirse rápidamente en combustible para la radicalización. Se han producido episodios violentos y una enorme propagación de mensajes de odio. Algunas organizaciones políticas han utilizado expresiones como «cazar» o «pescar» migrantes, provocando incluso iniciativas para investigar posibles delitos de odio.
Aquí conviene detenerse.
Podemos discutir durante horas sobre inmigración, fronteras, seguridad, integración, delincuencia o la gestión de los menores extranjeros. Todo eso forma parte del debate democrático y debe poder discutirse con absoluta libertad.
Pero hay una línea que no deberíamos cruzar: convertir a colectivos enteros en objetivos.
Porque una cosa es defender una determinada política migratoria y otra muy diferente construir un relato en el que miles de personas dejan de ser individuos para convertirse en una amenaza colectiva.
Y la historia europea nos enseña que ese mecanismo puede acabar muy mal.
No es una exageración retórica
El terrorismo de extrema derecha tampoco es una fantasía ni una exageración retórica. En abril de 2026, «Documentos TV», de RTVE, dedicó una entrega específica a la expansión de esta forma de violencia y a su relación con las teorías conspirativas, el supremacismo y las comunidades radicalizadas en internet. Y el Ministerio del Interior situó en julio de 2025 a los grupos racistas y xenófobos de extrema derecha entre sus «objetivos prioritarios» de análisis e investigación. Ese mismo año, según EFE, España impulsó la retirada de 14.411 contenidos terroristas y violentos de internet a través del CITCO, en su mayoría vinculados al terrorismo yihadista.
No significa que España esté al borde de convertirse en un Estado fascista. Tampoco que todos los votantes de una determinada fuerza política sean extremistas. Sería absurdo decirlo.
Significa algo mucho más sencillo.
La democracia necesita que determinadas líneas no se normalicen.
La violencia política no puede convertirse en una herramienta aceptable. Las patrullas de particulares no pueden sustituir a la policía. Las empresas privadas no pueden convertirse en tribunales callejeros. Los periodistas no pueden ser considerados objetivos legítimos de intimidación. Y un inmigrante, sea cual sea su situación administrativa, no puede convertirse en un enemigo por el simple hecho de ser inmigrante.
La democracia tiene una característica incómoda: también protege a quien no piensa como nosotros.
Precisamente por eso merece la pena defenderla.
Y quizá haya llegado el momento de mirar estas cosas con algo menos de indiferencia. No porque mañana vaya a producirse necesariamente una catástrofe, sino porque las democracias no suelen perderse de un día para otro.
Se van debilitando cuando la sociedad empieza a considerar normal lo que antes le parecía inaceptable.
Ojo con la democracia.
La mirada de La Traza
Esta columna es una opinión firmada y La Traza la comparte. Añadimos solo una precisión de oficio: los hechos que sostienen el argumento están documentados —la Fiscalía de Valencia estudia a los «Ángeles de la noche» por posible delito de odio, los episodios de los corralones de Sevilla acabaron con heridos y detenidos, Interior tiene señalados a los grupos racistas y xenófobos—, y conviene citarlos con precisión precisamente porque el adversario de estas ideas vive de acusar de alarmismo a quien las denuncia. El listón no lo pone la indignación: lo pone el dato.