La acampada de Sol y la última batalla por la vivienda: ¿un derecho o un activo?

Hay algo profundamente revelador en que, en septiembre de 2026, cientos de personas —unas 600 acampadas en la Puerta del Sol, según RTPA— hayan decidido plantar una tienda de campaña para reclamar algo tan elemental como poder seguir viviendo en su casa. La acampada comenzó después de la movilización contra el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en el mismo domicilio. En apenas unos días, Sol se ha convertido otra vez en un espacio de protesta colectiva, quince años después del 15-M.

Y quizá lo más importante de esta acampada no sea solamente lo que reclama para la vivienda. Es lo que plantea sobre qué cosas puede decidir una sociedad que deben quedar fuera de la lógica del mercado.

Porque la vivienda no es una camiseta. No es un teléfono móvil. No es un coche. No es un producto cualquiera que uno pueda dejar de consumir cuando su precio aumenta demasiado.

La vivienda es el lugar donde uno vive.

Y cuando una sociedad permite que el acceso a ese bien esencial dependa cada vez más de la capacidad de generar una rentabilidad para quien lo posee, ocurre algo bastante sencillo: quien tiene patrimonio puede seguir acumulando patrimonio y quien no lo tiene dedica una parte cada vez mayor de su salario a pagar por utilizarlo.

¿Construir? Sí. ¿Para quién?

Por eso me resulta casi enternecedora la explicación que desde determinados sectores de la derecha se repite una y otra vez: el problema de la vivienda es que no se construye suficiente vivienda.

Sí.

Construyamos.

Pero hagamos una pregunta inmediatamente después: ¿para quién?

Porque construir vivienda no garantiza por sí mismo que esa vivienda sea accesible. Podemos aumentar el número de viviendas y, simultáneamente, aumentar su precio. Podemos construir miles de viviendas nuevas y que terminen siendo adquiridas por quienes ya disponen de capital. Podemos poner suelo en el mercado, facilitar promociones y acelerar licencias y encontrarnos, al final del proceso, con más activos inmobiliarios y con exactamente el mismo problema de acceso para quien vive de su salario.

El propio Banco de España, en su análisis sobre la evolución reciente del mercado residencial, señala que la producción de vivienda nueva «presenta niveles mucho más modestos que en fases expansivas previas» y que eso genera déficits localizados. Pero su análisis también apunta a algo que suele desaparecer del debate político: recomienda ampliar el parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles, además de medidas que incentiven la oferta privada de alquiler.

Es decir, construir es necesario, pero no es suficiente.

La pregunta que incomoda

¿Queremos que la vivienda sea fundamentalmente un derecho que debe garantizarse o un activo financiero cuyo objetivo es producir la máxima rentabilidad posible?

Porque las dos cosas no son exactamente compatibles cuando hablamos de un bien escaso.

Si una vivienda puede convertirse en una inversión, comprarse, venderse, alquilarse, acumularse y utilizarse como mecanismo de extracción de renta, siempre existirá un incentivo económico para llevar su precio hasta donde pueda pagarlo el siguiente comprador o inquilino.

Y cuando el siguiente comprador ya no puede pagarlo, aparece el endeudamiento.

Y cuando el siguiente inquilino ya no puede pagarlo, aparece el desplazamiento.

Y cuando una persona mayor lleva setenta años viviendo en su casa y de repente una empresa pretende multiplicarle el alquiler hasta una cantidad que no puede pagar, aparece Maricarmen.

Su caso no es una anécdota. Es el extremo visible de un problema mucho más amplio. En su caso concreto, el alquiler pasó de 500 a 2.650 euros mensuales después de que el inmueble fuera vendido a una empresa. Era un contrato de renta antigua: lo firmó su padre en 1956 y se rige todavía por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.

Dónde termina el mercado

Ahí es donde la acampada de Sol adquiere un significado que va mucho más allá de unas tiendas de campaña en una plaza.

Porque quienes están allí están diciendo algo extraordinariamente sencillo: hay bienes que una sociedad no puede dejar completamente al arbitrio de la rentabilidad privada.

Y eso no significa abolir el mercado.

Significa decidir democráticamente dónde termina.

Lo hacemos constantemente. No dejamos que el precio del agua potable determine quién puede beber. No aceptamos que una persona pueda quedar excluida de determinados servicios sanitarios simplemente porque el mercado haya decidido que no son rentables. No consideramos razonable que la educación básica dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada familia.

Entonces, ¿por qué aceptamos con tanta naturalidad que el lugar donde una persona vive pueda convertirse en un mecanismo permanente de transferencia de renta desde quienes trabajan hacia quienes poseen?

La vivienda debería estar dentro de esa misma conversación.

Qué se pide en Sol

La acampada no está pidiendo simplemente que se construyan más casas. Está cuestionando quién decide para qué sirven las casas que ya existen.

Las reivindicaciones que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos mantiene sobre la mesa son cuatro:

• contratos de alquiler indefinidos;
• suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional;
• bajada de los precios del alquiler;
• medidas frente a los fondos de inversión especulativos.

Se podrá discutir cada una de esas medidas. Y se debe discutir: sus efectos, sus límites, sus costes, su aplicación jurídica y sus consecuencias sobre la oferta. Eso forma parte de una política pública seria.

Lo que ya no parece serio es responder a todo diciendo simplemente: «hay que construir más».

Porque entonces la pregunta inevitable es: ¿construir para que una familia pueda vivir o construir para que alguien pueda volver a comprar?

Si construimos vivienda pública, mantenemos ese patrimonio fuera del mercado especulativo y generamos un parque permanente de alquiler asequible, estamos hablando de una política de vivienda.

Si ponemos suelo público, facilitamos la promoción y finalmente conseguimos que los nuevos inmuebles terminen integrándose en el mismo circuito de compra, venta, acumulación y rentabilidad que ha generado el problema, quizá simplemente estemos alimentando la máquina.

Y eso es lo verdaderamente ingenuo de determinadas recetas. Pensar que el mercado va a resolver un problema creado, en buena medida, por la propia transformación de la vivienda en un activo de inversión.

Construir vivienda al precio de la vivienda actual para que vuelva a las mismas manos no es solucionar el problema. Es darle combustible.

Y sí, hay algo profundamente cruel en hacerlo mientras se explica que la solución es seguir construyendo.

Detrás de cada vivienda hay una vida

Un niño que necesita una habitación. Una pareja que quiere emanciparse. Una trabajadora que no puede vivir a una hora y media de su empleo. Un jubilado que lleva setenta años en su casa. Una familia que no puede ahorrar porque todo su salario se va al alquiler.

Por eso Sol importa.

No porque unas tiendas de campaña vayan a resolver por sí mismas el mercado inmobiliario. No lo harán.

Importa porque recuerda una cosa que el lenguaje económico tiende a esconder: una vivienda es simultáneamente un activo económico y un hogar.

Y cuando ambos conceptos entran en conflicto, una sociedad democrática tiene que decidir cuál de los dos debe tener prioridad.

Quizá esa sea la verdadera batalla que se está librando en Sol. No solamente por el precio del alquiler. Por decidir si aquello que necesitamos para vivir puede convertirse, sin límites, en aquello con lo que otros hacen negocio.

Fuentes consultadas: EFE, El País, RTVE y Banco de España.

La mirada de La Traza

Esta columna se publica el día en que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el decreto de vivienda, y con dos avisos asturianos sobre la mesa: el Sindicato de Inquilinos se concentró este lunes en Oviedo y una jueza acaba de aplazar cuatro meses el desahucio de una inquilina de Vipasa en Gijón, la empresa pública de vivienda del Principado. La pregunta de la columna aterriza aquí sin traducción: si el propio parque público llega a los tribunales antes que a un acuerdo, el problema no es solo de mercado. En Asturias sobra vivienda vacía y falta vivienda pública en alquiler; ahí, y no en la Ley del Suelo, está el margen real.

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