El escudo anticrisis protege del alza del gas al 40 % de los hogares y topa la bombona en 19,55 euros

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de septiembre la prórroga del escudo anticrisis para contener el precio del gas, la bombona de butano y los carburantes, según informó RTPA. Llega a las puertas del invierno y su pieza central limita lo que puede subir la calefacción de los hogares acogidos a la tarifa regulada.

Quién queda protegido

• La tarifa de último recurso (TUR) del gas queda limitada a una subida máxima del 15 %.
• Afecta al 40 % de los hogares españoles.
• Según el Gobierno, evitaría unos 300 euros anuales adicionales en calefacción.
• Tope de la bombona de butano: 19,55 euros.
• Vigencia: hasta junio de 2027, es decir, todo el invierno y la primavera.

La TUR es la tarifa regulada a la que pueden acogerse los consumidores domésticos de menor consumo: es, en la práctica, la red de seguridad de quien no negocia una oferta con una comercializadora. La bombona es el combustible de los hogares que no tienen acceso al gas canalizado, una situación especialmente frecuente en el medio rural y en las viviendas más antiguas.

Carburantes: un descuento que se retira por etapas

Los descuentos en el impuesto de hidrocarburos se prorrogan hasta fin de año, de forma decreciente:

• octubre: 20 céntimos por litro;
• noviembre: 13 céntimos por litro;
• diciembre: 6 céntimos por litro.

Sector agroalimentario

Se prorrogan las ayudas al sector y la compensación por los sobrecostes del gasóleo agrícola.

El contexto

La inflación alcanzó el 4,9 % en septiembre, la tasa más alta desde febrero de 2023. El coste presupuestario acumulado del conjunto de las medidas anticrisis asciende a 10.000 millones de euros.

La mirada de La Traza

Topar la tarifa regulada del gas antes de que empiece el frío es, sencillamente, lo que un Estado debe hacer. Detrás de ese 40 % de los hogares hay una mayoría de pisos pequeños, consumos bajos y personas que no comparan ofertas de comercializadoras porque no tienen margen ni tiempo: pensionistas, familias monoparentales, gente que ya elige entre poner la calefacción y otra cosa. Los 300 euros que la medida evita no son un ahorro abstracto; son la diferencia entre pasar el invierno con la casa a temperatura o pasarlo con una manta. Y el tope de 19,55 euros a la bombona protege precisamente a quien no tiene gas canalizado, que en Asturias significa buena parte del medio rural y de las viviendas más viejas de las cuencas. La pobreza energética no es una estadística: es humedad, es frío y es salud.

Dicho eso, un escudo es un escudo, no una política energética. Diez mil millones de euros son mucho dinero público sosteniendo el consumo de combustibles fósiles, y el descuento a los carburantes es la parte más regresiva del paquete: beneficia proporcionalmente más a quien más litros gasta, no a quien menos tiene. El calendario decreciente de octubre a diciembre va en la buena dirección, porque retirar subvenciones al fósil es imprescindible para cumplir cualquier objetivo climático. La pregunta es qué se pone en su lugar. Los mismos recursos dedicados a aislar viviendas, electrificar la calefacción con bombas de calor, desplegar autoconsumo y comunidades energéticas y reforzar el transporte público bajarían la factura para siempre, y no hasta junio de 2027. Proteger hoy a quien no puede pagar la calefacción y a la vez sacarle de la dependencia del gas y del butano no son objetivos opuestos: son el mismo objetivo. Mientras la rehabilitación energética no llegue a las viviendas donde más se nota el frío, seguiremos prorrogando topes cada septiembre.

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