Territorio
El plan para Perlora acumula cerca de cien alegaciones contra el derribo de la mayoría de chalés
Arquitectos, vecindario y descendientes de expropiados rechazan que el recinto acabe como complejo turístico de gestión privada. Solo se conservaría el 21 % de los 147 chalés. Decide ahora Carreño.
Anne Cuevas 3 min de lectura
El Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de la Ciudad Residencial de Perlora, en Carreño, ha recibido cerca de cien alegaciones y, según RTPA el 11 de octubre, «no convence en su totalidad». Tres frentes coinciden en lo esencial: que un recinto construido para uso público no acabe como complejo turístico de gestión privada.
Quién alega y qué pide
- Los arquitectos advierten de que, con el plan tal como está, solo se conservaría el 21 % de los 147 chalés. Reclaman proteger más edificios y más zonas verdes y evitar los cerramientos. Según Nortes, que el 26 de septiembre dio cuenta del escrito, quien alega es el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, presidido por Miguel Casariego; su documento califica la protección de «notablemente insuficiente y carente de rigor», sostiene que «no se justifica ni la utilidad pública ni el interés social» de la transformación y advierte de que derribar en torno al 80 % de las villas «destruye toda posibilidad de legado histórico». Recuerda que los terrenos son públicos y en parte vinieron de expropiaciones.
- El vecindario comparte esas demandas y defiende el carácter público y social del recinto.
- Los descendientes de antiguos propietarios y expropiados exigen garantizar el acceso público a los espacios comunes y anuncian que irán a los tribunales si se privatiza «un solo metro cuadrado». Aceptan la gestión privada de los alojamientos, pero no las restricciones de acceso a las zonas comunes.
La versión oficial y el siguiente paso
El proyecto se presentó como «Nueva Perlora», impulsado por el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Carreño. En su presentación, recogida el 14 de agosto de 2025 por elDiario.es, la vicepresidenta Gimena Llamedo afirmó que Perlora «es un patrimonio común que queremos cuidar y revitalizar» y que «seguirá siendo de todas y de todos», y el alcalde Ángel Manuel García defendió que el plan «sienta la base y abre el camino para recuperar un activo de toda Asturias». Aquella presentación hablaba de uso preferentemente turístico mediante una concesión de explotación a largo plazo con canon que incluiría la rehabilitación, y de proteger un ejemplar de cada una de las 31 tipologías de edificación.
Ahora el Ayuntamiento de Carreño debe estudiar las alegaciones y decidir si modifica el plan antes de la aprobación definitiva. No consta plazo para esa decisión, ni declaraciones municipales posteriores, ni respuesta del Principado a los escritos.
La mirada de La Traza
Perlora llevaba veinte años cayéndose y nadie discute que había que intervenir: la ruina también es una decisión, y la peor. El problema no es rehabilitar, es a cambio de qué. Cuando el suelo es público, buena parte vino de expropiaciones y el destino es una concesión turística de largo plazo, lo que se decide no es un expediente urbanístico: es quién podrá entrar a Perlora dentro de treinta años.
«Seguirá siendo de todas y de todos» es una frase excelente y verificable. Se verifica con tres cosas escritas en el plan, no en la nota de prensa: servidumbre de paso público permanente sobre los espacios comunes y el frente de costa, prohibición expresa de cerramientos y un porcentaje de alojamiento a precio accesible en la propia concesión. Si consta, el debate se acaba; si no, la frase es decoración.
Y queda el patrimonio: conservar el 21 % de un conjunto reconocido por Docomomo no es protegerlo, es quedarse con la muestra. Cien alegaciones avisan de que el trámite se hizo sin la gente, y un plan corregido no es una derrota: es para lo que sirve la información pública.
Texto elaborado con asistencia de inteligencia artificial.