El acoso inmobiliario pasará a ser infracción muy grave con multas de hasta 240.000 euros

El proyecto de ley de Vivienda del Principado llega a su tramo final con un acuerdo entre PSOE, IU y Somos Asturies que endurece de forma sustancial su régimen sancionador. Lo adelantó Nortes en la madrugada del martes, en una información firmada por Diego Díaz Alonso que atribuye los datos a fuentes de la Consejería de Vivienda, que dirige el coordinador de IU, Ovidio Zapico.

Lo que incorpora el pacto

• Acoso inmobiliario: pasa a ser infracción muy grave, con multas de 120.000 a 240.000 euros. El proyecto inicial situaba el máximo de las infracciones muy graves en 30.000 euros, y las graves entre 601 y 3.000.
• En determinados supuestos, la multa no podrá ser inferior a lo cobrado indebidamente por encima de los límites legales.
• Gran tenedor: se considerará tal a quien tenga 10 viviendas en general y 5 en zonas de mercado tensionado, y también a cualquier sociedad mercantil inmobiliaria, con independencia del número de inmuebles.
• Vivienda desocupada: la que lleve más de dos años sin uso efectivo y sin causa justificada, cuando pertenezca a grandes tenedores, a titulares de cinco o más viviendas en zonas tensionadas o a personas jurídicas dedicadas a la explotación o inversión inmobiliaria. El texto abre la puerta a un impuesto sobre las casas vacías.
• Vivienda turística: se podrán suspender temporalmente nuevas licencias y los cambios de titularidad en zonas tensionadas.

De las 39 enmiendas presentadas por Somos Asturies se incorporan siete. Queda pendiente de decisión parlamentaria una octava, sobre el destino residencial de las viviendas y las compras masivas por grandes tenedores en zonas tensionadas. La diputada Covadonga Tomé es la interlocutora de ese grupo en la negociación. Según la Consejería, la norma actuará «sin sustituir las vías civiles de reclamación» que ya tienen las personas afectadas. La derecha ha anunciado su oposición dentro y fuera de la Junta General.

Dos cautelas. La primera, que esto no es una ley aprobada: es un proyecto de ley en tramitación, y la fuente no da fecha de votación ni de entrada en vigor. La segunda, que las zonas de mercado tensionado declaradas hoy se limitan a algunos concejos medianos y pequeños y a tres barrios de Xixón y Avilés; la Consejería afirma que se ampliarán antes de final de año, sin concretar cuáles.

La mirada de La Traza

Multiplicar por ocho el techo de la sanción por acoso inmobiliario es la diferencia entre una ley que regaña y una ley que disuade: a quien quiere vaciar un edificio para reconvertirlo en pisos turísticos, 30.000 euros le salían a cuenta y 240.000 ya no. Igual de importante es la definición de gran tenedor, porque extenderla a cualquier sociedad inmobiliaria cierra el truco de repartir el patrimonio en sociedades pequeñas. Dicho esto, una ley de vivienda vale lo que vale su inspección. Sin personal que levante actas, sin un registro fiable de vivienda vacía y sin zonas tensionadas que cubran de verdad donde el alquiler asfixia —hoy son tres barrios y unos pocos concejos—, el régimen sancionador se queda en el boletín. Las dos cosas que hay que exigir son concretas: que la ampliación de zonas tensionadas llegue con el texto y no «antes de final de año», y que los presupuestos de 2027 digan cuántas personas van a inspeccionar y con qué medios.

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