Vivienda pública
Una jueza aplaza cuatro meses el desahucio de una víctima de violencia machista y su hija en Gijón
El plazo es «improrrogable» y busca que la inquilina y Vipasa, la empresa pública de vivienda del Principado, alcancen un acuerdo. La renta era de 67,02 euros al mes más gastos de comunidad.
Redacción 2 min de lectura
La jueza María Eloína González Orviz ha aplazado cuatro meses el desahucio de una víctima de violencia de género y de su hija, de nueve años, de una vivienda de Gijón / Xixón. El plazo, que la resolución califica de «improrrogable», se concede para que la inquilina, identificada como Cristina G. B., y Vipasa —la empresa pública de vivienda del Principado— alcancen un acuerdo que evite el desalojo. La información la publicó elDiario.es Asturias, firmada por Pilar Campo, el 28 de septiembre.
Qué dice la resolución
Según el medio, la jueza considera que los cuatro meses permiten a Vipasa «estudiar la última propuesta» y ayudar a encontrar a la inquilina «una solución habitacional adecuada». Si no hay acuerdo en ese plazo, se fijará nueva fecha de desahucio sin posibilidad de otra suspensión.
Las cifras del caso
- Los impagos de renta comenzaron en 2021.
- La renta mensual era de 67,02 euros, más los gastos de comunidad.
- Han apoyado a la inquilina organizaciones sociales, entre ellas el sindicato de inquilinos y Amnistía Internacional.
La dirección de Vipasa distingue este caso del desahucio de Maricarmen en Madrid y sostiene que aquí hubo un «impago voluntario continuado» durante tres años.
Por qué no la recomendamos hoy
Es una noticia de fuente privada y afecta a una persona identificada en un asunto judicial y de violencia de género. La incluimos como candidata porque el fondo es una decisión de una empresa pública, pero la dejamos fuera de las recomendadas por prudencia.
La mirada de La Traza
Aquí no hay un fondo de inversión: hay la empresa pública de vivienda del Principado pidiendo a un juzgado el desalojo de una mujer víctima de violencia machista y de su hija por una renta de 67 euros. Se puede aceptar el argumento de Vipasa —una empresa pública no puede sostener impagos indefinidos sin desarmar el sistema para las siguientes familias en lista— y seguir sosteniendo que el instrumento empleado es el equivocado. Cuando el arrendador es público, el desahucio no es el último recurso contractual: es el reconocimiento de que los servicios sociales y la propia empresa no encontraron en tres años una salida. Los cuatro meses son una segunda oportunidad para Vipasa, no solo para la inquilina.