Agua
La comisión del agua de Avilés propone ligar la tarifa al IPC y alargar el contrato de Veolia
El Gobierno local lleva a la comisión especial tres medidas para corregir la rentabilidad del contrato. La empresa reclama 15 millones al Ayuntamiento y el conflicto sacó a Izquierda Unida del gobierno municipal.
F.J. Craus 2 min de lectura
La comisión especial del agua de Avilés ha puesto sobre la mesa tres propuestas del Gobierno local para desatascar el contrato del servicio municipal de aguas con Veolia:
- cambiar el modelo tarifario para incorporar una subida ligada al IPC;
- repartir dividendos entre los accionistas a partir del superávit;
- prorrogar el contrato dos años y medio.
El objetivo declarado es corregir el desequilibrio de la tasa interna de rentabilidad de la empresa, es decir, la diferencia entre el beneficio que Veolia obtiene y el que el contrato tenía previsto.
Un contrato con 15 millones en litigio
Ese desajuste está detrás de la demanda de 15 millones de euros que la compañía interpuso contra el Ayuntamiento y de la salida de Izquierda Unida del gobierno municipal. La comisión vuelve a reunirse el martes, esta vez con Veolia presente.
En el debate ha aparecido también la vía contraria a la prórroga: según la grabación difundida por RTPA, una intervención en la comisión —que la emisora no atribuye a ningún portavoz identificado— reclama al PSOE que valore «la posibilidad de la remunicipalización», y recuerda que el contrato se extiende hasta 2034. En la misma intervención se distingue entre medidas de aplicación inmediata, por vía de ordenanza, y otras que exigen análisis jurídico y solo podrían llegar a medio plazo.
Fuente: RTPA.
La mirada de La Traza
Las tres medidas que se proponen comparten una misma dirección: la factura sube, el dividendo se reparte y la concesión se alarga. El riesgo empresarial, que es lo que justifica el beneficio de una concesionaria, acaba así trasladado al recibo del agua de los hogares avilesinos. Si la rentabilidad pactada no se sostiene sin tocar la tarifa y sin estirar el contrato hasta bien entrada la próxima década, la pregunta que la comisión debería responder no es cuánto se sube, sino si este modelo sirve para gestionar un bien común. El agua no es un negocio cualquiera, y la remunicipalización merece estudiarse con números encima de la mesa, no descartarse por incómoda.